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Pretender que el reino autogestionado de las togas es la solución aséptica a las presiones internas o externas es un planteamiento falsario: no hay soluciones asépticas que eviten esa politización, solo hay soluciones políticas para ello

Va siendo hora de ir quitando las caretas. Aquellas esferas de la sociedad que consideran que el poder les pertenece han aprendido hace mucho a disfrazar sus ansias de detentarlo con una amable máscara de defensores de derechos y libertades de los que la mayor parte de las veces no parecen entender su significado o bien este les trae bastante sin cuidado. "Lo hacemos por tu bien", parecen decirnos mientras se nos ríen a la cara.Vamos primero con el jefe de la oposición, que exige la salida del Gobierno de un partido respaldado en las urnas por tres millones de votos como contrapartida para cumplir con las obligaciones constitucionales de renovar las instituciones. ¡A eso le llama defensa de la democracia! Pretende utilizar de rehén al Tercer Poder para intentar que el Primer Poder se configure a su gusto. El paradigma de la separación de poderes.

El absurdo del planteamiento, que es solo un lema que corear y para que coreen sus masas, tiene algunos matices que me gustaría poner sobre la mesa. Más que nada porque, en los asuntos complejos, estos juegos de birlibirloque ampulosos y simplificadores solo tienen por objeto obviar realidades incómodas. No pierdan de vista que la reforma planteada por los partidos de Gobierno –y que como saben no comparto ni apoyo– tiene por objeto cambiar la mayoría por la que se elija a 12 vocales del CGPJ de entre UNA LISTA DE JUECES. No se trata de salir a la calle a capturar adeptos, sino de elegir entre jueces en ejercicio para que estos pasen de juzgar a tener la tarea gubernativa.

Cuando Casado clama, denuncia o pretende impedir que Podemos meta mano de ninguna manera en esa selección, entre jueces, insisto, ¿qué es lo que teme? Podemos, como el resto de partidos, podría en todo caso señalar únicamente cuáles les parecen más adecuados para ocupar ese papel. Cualquier persona por la que mostraran preferencia, tanto ellos como el PP o el PSOE, sería una persona que ahora mismo dicta sentencias.

Cuando Casado teme, denuncia y clama la intervención de Podemos, ¿nos está diciendo que algunos de los jueces que dictan sentencias no merecen sentarse en el CGPJ solo porque ese partido cree que tienen coincidencias ideológicas o de planteamiento con ellos? ¿Nos está diciendo que si a Podemos le gusta cómo impartes justicia o cree que eres un buen profesional quedas invalidado para estar en ese órgano constitucional?

Y voy más allá: si creen eso para no impartir justicia, ¿no estarán insinuando que quien tenga coincidencias ideológicas con Podemos tampoco está bien dentro de la judicatura? Si lo que creen es eso, ¿dónde queda la igualdad y la neutralidad que, según predican, otorga la sacrosanta oposición? Por el contrario, si todos son igual y legítimamente jueces con ideas políticas, ¿qué problema habría en que Podemos señale con el dedo a los que le parezcan más idóneos? ¿Están de acuerdo los jueces conservadores en que hay compañeros suyos que no son dignos por el hecho de que tal vez a Podemos le gusten?

La otra careta que es preciso arrancar es la de algunas asociaciones judiciales. Las asociaciones, y el papel que han ido paulatinamente conquistando, no dejan de ser parte del problema y no tanto los dispensadores de soluciones, como quieren mostrar. Tenemos que la asociación muy conservadora (APM) y la devenida con el tiempo conservadora (AJFV) han manifestado que no acudirán a reuniones sobre temas del servicio con el ministro de Justicia "mientras el Legislativo mantenga ese proyecto de ley".

Veamos de nuevo cómo los presuntos defensores de la separación de poderes, siendo miembros y representantes del Judicial, ejercen presión sobre el Ejecutivo para que el Legislativo retire una iniciativa. ¡Retaconeo y olé de división de poderes! Ahí tenemos unos jueces que tienen una forma muy peculiar de convertirse en los paladines de Montesquieu, que ya dejó dicho que, de los tres poderes, el de juzgar es, de alguna manera, nulo.

Rasgándose las togas les oirán decir que todos sus movimientos van dirigidos a defendernos de un atropello de la "independencia judicial". Hace tiempo que les digo que me parece peligrosa esa tendencia que se aprecia en varias de estas asociaciones a interpretar la independencia como una especie de república Ikea de los jueces, cuya máxima expresión pasa por guisárselo y comérselo solos –autoelegirse, autonombrarse, autojuzgarse, autodisciplinarse y si es posible autofinanciarse– como si ese independentismo de pleno cuño nos fuera a garantizar a los ciudadanos una seguridad mayor de que nuestros derechos y los pilares democráticos estuvieran mejor defendidos.

La independencia judicial no es sino la capacidad de sujeción real a la legalidad frente a otras sujeciones non sanctas de la política, dijo Perfecto Andrés. Pretender que ese reino autogestionado de las togas –retiro lo de república, no se me solivianten– es la solución aséptica a las presiones internas o externas es un planteamiento falsario. No hay soluciones asépticas que eviten esa politización, solo hay soluciones políticas para ello. Ahí es en realidad donde se produce la fricción, entre las diferentes opciones políticas para procurar, de la mejor manera, que esas presiones sean neutralizadas.

Cuando los jueces (un 90% dicen, según una encuesta) defienden con rimbombantes frases la neutralidad política de autoelegirse, ocultan que ese sistema "favorece el corporativismo en un sentido propio, que no es la defensa de los intereses de la categoría –lo que sería legítimo– sino que intentan hacer pasar los intereses de categoría como interés general", como bien expresó Luis Díaz-Picazo. Eso es exactamente lo que están intentando, hacer pasar sus intereses profesionales y corporativos, la obtención de ese poder, por intereses generales.

Así que los jueces quieren el poder y el PP quiere conservar el poder que tiene sobre los jueces y los partidos que ganaron las elecciones quieren recuperar el poder que les corresponde y que la derecha no quiere soltar, como si fuera patrimonio suyo. El proyecto de ley no deja de ser un arma de destrucción masiva puesta sobre la mesa por ver si así la derecha se aviene a cumplir con las normas del juego democráticas. A mí no me gusta esa bomba nuclear y deseo que finalmente no haya que detonarla pero, y eso lo dijo bien Sánchez, ¿cuál es la otra opción, que los órganos no se renueven y queden bajo poder conservador hasta las próximas elecciones o, si siguen sin ganar, hasta que lo consigan? ¿Ese es el estándar democrático?

Tiene, desde luego, interés para los ciudadanos quién gane esa pugna por el poder. Lo tiene en gran medida para los más de diez millones que auparon al actual Gobierno, y que a estas alturas no saben si sus votos son de la misma calidad que los de la derecha, y si tienen algún derecho a que su forma de ver las instituciones, la separación de poderes y la sociedad sean respetadas. Esos ciudadanos tienen pleno derecho a que el gobierno de los jueces refleje sus anhelos de justicia y de limpieza democrática, y a que sus criterios y deseos cuenten con miembros del Tercer Poder que los hagan valer como parte de la pluralidad social y de pensamiento de este país. Esos millones de electores tienen derecho a que los jueces no se conviertan en una forma de oposición directa al Gobierno que votaron.

La pugna, pues, también es con el pueblo, única fuente de poder legítimo en democracia.

Elisa Beni
elDiario.es
17 de Octubre de 2020
https://www.eldiario.es/opinion/zona...9_6300539.html
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