El Gobierno destinará en 2022 a vivienda 3.295 millones, tanto como en los seis años previos a la pa
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El Gobierno destinará en 2022 a vivienda 3.295 millones, tanto como en los seis años previos a la pa


 
 
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Predeterminado El Gobierno destinará en 2022 a vivienda 3.295 millones, tanto como en los seis años previos a la pa

El Gobierno destinará en 2022 a vivienda 3.295 millones, tanto como en los seis años previos a la pandemia

Transportes crea una nueva partida de 500 millones para que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos promocionen "viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes"
Desaparece el 'Plan 20.000' presentado en los anteriores PGE para construir ese número de alquileres asequibles al quedarse pequeño: España solo tiene un 1,6% de VPO frente al 30% de Países Bajos


Pablo García
Publicada el 14/10/2021


Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplan una inversión histórica para vivienda, 3.295 millones de euros. Es lo mismo que la suma de lo consignado a este concepto entre los Presupuestos de 2015 y 2020, ambos inclusive: esto es, las cuentas de los últimos seis años previos a la pandemia de 2020 que hizo tambalear todo (los PGE de 2020 se presentaron en 2019).

La inversión cambió en los Presupuestos para el actual 2021, cuando el Gobierno destinó 2.250 millones de euros. Esa cantidad se queda atrás ahora, al aumentar las cuentas en un 46,3% en términos interanuales. En 2020 y 2019, la vivienda supuso 678 millones de euros cada año –las cuentas fueron prorrogadas al repetirse las elecciones generales–, cantidad que cayó a 481 millones en 2018, 467 millones en 2017 o 587 millones en 2016 y 2015 –también hubo repetición electoral y presupuestos prorrogados–.

La cuantía actual revela la importancia que la promoción y rehabilitación de pisos o las ayudas al alquiler tendrá en los próximos años, algo que el Ejecutivo define como Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. De los 3.295 millones, el 75,5% (2.490 millones) procede de fondos europeos, por lo que se trata de uno de los capítulos que más van a sentir el impacto a corto plazo del plan NextGenerationEU. España ha recibido este año 9.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea, pero llegarán a superar los 70.000 en ayudas directas en los próximos seis años.

Es decir, los fondos comunitarios supondrán más que toda la inversión a vivienda de los Presupuestos de 2021, que a su vez fue récord. Y eso también beneficia a los recursos propios del Gobierno: descontando los fondos, lo que aporta el Estado asciende hasta los 806 millones, un 33,9% más que hace un año.

Del esfuerzo inversor, nace una medida novedosa: el Ministerio de Transportes sobre el que recae la política de vivienda ha creado el Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, que contará con 500 millones de euros. Su finalidad, según las cuentas presentadas, será la de "incrementar las infraestructuras de vivienda al servicio de las políticas públicas de vivienda, en terrenos de titularidad pública". El programa perseguirá este objetivo con la "aportación de suelo público y de subvenciones" y favorecerá el que haya "mecanismos de colaboración público-privada", si bien no se descarta la financiación de actuaciones con recursos 100% públicos de ser necesario. Se extenderá hasta 2023, por lo que su coste se elevará a 1.000 millones sumados los dos próximos años.

La medida sustituye a otra iniciativa recogida en los PGE del año pasado: el llamado Plan 20.000 viviendas, que preveía la promoción de 20.000 viviendas sociales en suelos públicos desarrollados a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Incluía 100 millones "para actuaciones en suelos de titularidad estatal" y subvenciones a comunidades autónomas o ayuntamientos para intervenciones similares en suelos públicos.

Faltan "millones" de alquileres sociales

El Plan 20.000 quedó completamente descartado a lo largo del último año: el penúltimo titular de Transportes, José Luis Ábalos, rápidamente pasó a referirse al Plan 30.000 tras la aprobación de las cuentas, cifra que fue quedando obsoleta y engordando a medida que la negociación de la ley de vivienda entre PSOE y Unidas Podemos iba complicándose. Últimamente en Transportes –cuya titular desde julio es la ministra Raquel Sánchez– se habla de "100.000 viviendas", aunque no está claro si los 500 millones del nuevo programa irán íntegros a esta empresa.

Expertos como el economista Alejandro Inurrieta –expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero– aseguran que faltan "millones" de viviendas sociales en España para abaratar el precio del alquiler en zonas tensionadas, además de otras medidas como el control de precios en determinados barrios. El último gran estudio del ministerio arroja que en España solo el 1,6% del parque total de vivienda es vivienda social (término que equivale a alquiler asequible) frente al 17% de Francia o el 30% de los Países Bajos. Apenas 290.000 pisos sobre un parque total de algo más de 25 millones, según el INE.

Los números que faltan hasta cuadrar el presupuesto se van a la regeneración de edificios antiguos: las cantidades para la rehabilitación también aumentan considerablemente para 2022, igualmente espoleadas por los fondos comunitarios. No por nada, el componente segundo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –el instrumento fundamental que guiará las reformas enviadas a las instituciones comunitarias para obtener dinero– gira en torno a esta política. Primero aparece un Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales dotado de 1.389 millones de euros, y otro llamado Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos que recibirá 600 millones.

Finalmente y relacionado con la vivienda, el Gobierno presentó la semana pasada con ocasión de los Presupuestos el bono joven al alquiler de 250 euros que recibirán como máximo durante dos años los jóvenes de entre 18 y 35 años cuyos ingresos sean tres veces inferiores al IPREM, que viene a suponer 23.725 euros al año. Fue anunciado sorpresivamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y costará al erario público 200 millones de euros, de acuerdo con las cuentas publicadas esta semana.

A nivel fiscal y sin salir de la vivienda, la titular de Hacienda María Jesús Montero anunciaba igualmente el miércoles la reducción de la bonificación fiscal a las denominadas Entidades Dedicadas al Alquiler de Vivienda (EDAV) del 85% al 40% en el Impuesto de Sociedades. Montero explicó que esta iniciativa ya había sido presentada al anunciarse el pacto entre PSOE y Unidas Podemos con la ley de vivienda ("cuando hicimos público el acuerdo y que se adelanta ya en este presupuesto"), pero la realidad es que los detalles no habían trascendido.

Las EDAV son sociedades propietarias de como mínimo ocho viviendas. Se calcula que poseen más de 40.000 propiedades en España.

https://www.infolibre.es/noticias/ec...5567_1011.html
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