Memoria Democrática: una apuesta por la dignidad y la verdad
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Predeterminado Memoria Democrática: una apuesta por la dignidad y la verdad

Memoria Democrática: una apuesta por la dignidad y la verdad

Juan Ramón Juániz
24 de noviembre de 2021


Seguimos avanzando. Y las enmiendas de los grupos parlamentarios al Proyecto de Ley de Memoria Democrática, en especial las realizadas por los que componen el Gobierno de Coalición impulsor del mismo —PSOE y Unidas Podemos—, son una prueba evidente de que la presión social es eficaz y va mejorando el texto de la necesaria y futura ley que constituye, por encima de todo y más allá de las minuciosas y respetables reflexiones jurídicas, políticas e históricas que leemos estos días, una decidida y valiente apuesta por la dignidad y la verdad.

Pero esta apuesta, como cualquier otra en la vida, conlleva el riesgo del fracaso. Se puede perder si las fuerzas democráticas progresistas no anteponen con generosidad la necesidad de lo inmediato, frente a las respetables y legítimas opciones ideológicas de cada una de ellas. Y ese fracaso se llevaría quizás para siempre la oportunidad histórica de construir una sociedad y un país que pueda superar el dolor de la fractura provocada por la impunidad y el olvido, desde la satisfacción del deber de memoria con las víctimas y el encuentro restaurativo tanto a nivel político como ético y social, para propiciar una verdadera convivencia democrática. Recuerdo aquella frase de juventud: “¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma?” Hoy, el “alma” o esencia de esta ley es la dignidad y la verdad, y el mundo que podríamos ganar no luchando por ella es el de la repetición del odio, la intolerancia y el desprecio a los derechos humanos de todos. Ese mundo está ahí, casi a la vuelta de la esquina. Cada día es más brutal y de momento reproduce un lenguaje terrible que el magnífico último libro de Paul Preston, Los arquitectos del terror, nos recuerda desde el escalofrío y el estupor. Así, calificaciones recientes que tildan de “akelarre” y “burka comunista” a la reunión de un grupo de valientes mujeres progresistas en Valencia, y muchas otras, tienen un nexo directo con aquellas arengas “por la Santa Inquisición” de los golpistas contra la Segunda República.

Piénsenlo antes de votar. Porque las enmiendas ahora presentadas no son humo, ni generan confusión alguna sobre nuestra transición de la dictadura a la democracia. Muy al contrario, constituyen una ráfaga de aire fresco que, como señala Enrique Santiago con precisión, “aventan los supuestos obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo”. Y ese viento que ahora soplará desde el nuevo texto legal barrerá la niebla provocada por una interpretación jurisprudencial que utilizó la Ley de Amnistía como tapadera para no investigar los crímenes contra la humanidad de la Guerra de España y del franquismo, y permitirá poner el foco de la presión social por la defensa de los derechos humanos de las víctimas donde debe estar, en los jueces y tribunales de este país.

Pero nadie con sentido común puede interpretar que esta enmienda cuestiona el proceso inicial de nuestra transición, ni mucho menos el logro conseguido por la presión de la ciudadanía y los representantes políticos de las fuerzas democráticas progresistas entonces. Cuestión distinta será la valoración ética que pueda hacerse de la justificación expresa o tácita de aquel proceso político que cada fuerza, a uno y otro lado del proceso, pudo dar. Porque entre las fuerzas democráticas, unos lo hicieron desde la presencia del propio dolor sufrido e incluso advirtiendo de los riesgos del proceso, pero otros adoptaron una innecesaria actitud de apelación al olvido de todos y para todos. En la otra parte, hubo conversos a la democracia de toda la vida y quienes guardaron silencio, ocultos en el tumor no extirpado del franquismo, en espera de lanzar futuras metástasis invasoras de la nueva democracia. Los demócratas hicimos lo que se podía hacer en aquel momento, para recuperar la libertad y evitar otro baño de sangre, y fue el comienzo de un proceso que lamentablemente luego no se concluyó.

Porque la transición de la dictadura a la democracia, como cualquier otro proceso de transición, nunca comienza por el final. Primero se recupera la libertad y se instrumenta el cese de la violencia y la represión; lo que nunca es fácil, porque la bestia siempre se resiste a dejar de soltar zarpazos. Después se van desatando los nudos que amordazan la memoria de las víctimas, para restaurarlas en su dignidad y para repararlas; al tiempo que se van tejiendo los mecanismos judiciales y extrajudiciales de investigación de la verdad y exigencia de responsabilidades. Y es cierto que se avanzó significativamente en el ámbito de las reparaciones económicas, si bien y fundamentalmente lo fue en el marco de los derechos pasivos y muy poco en el nivel indemnizatorio. Pero olvidamos que un proceso de transición no puede hacerse sin verdad, sin memoria y sin justicia si desde la recuperada libertad se pretende la reconciliación, o lo que es lo mismo, la superación definitiva del conflicto. Olvidamos la dignidad de las víctimas y olvidamos también que la reconstrucción de la verdad histórica, no solo la verdad del acto criminal, no es tarea exclusiva de los historiadores, sino que también se logra dando la palabra a las víctimas, reconociendo públicamente sus sufrimientos y, por lo tanto, rehabilitándolas en su dignidad de personas.

No creo que existan razones objetivas para una contradicción entre historia y memoria, cuando analizamos los hechos relativos a los crímenes contra la humanidad de nuestro pasado más reciente, como sostienen algunos historiadores, especialmente los conocidos como revisionistas. La historia investiga los hechos con rigor científico e interpreta sus causas y sus consecuencias; la memoria incorpora las vivencias, los sentimientos, los recuerdos, el sufrimiento y la maldad de los protagonistas de esos hechos, y al generar una conciencia colectiva, esa memoria recuperada se convierte en una forma de justicia para las víctimas, la justicia memorial o anamnética. Como dice el jurista colombiano Rúa Delgado, “se le da un descanso al alma”. Creo que ambas visiones (Historia y Memoria) son complementarias. Así lo ratifica el historiador Pedro Ruiz Torres, cuando señala que “los diferentes sistemas de memoria del ser humano forman parte indisociable de su persona y de su cultura y, en consecuencia, son un medio imprescindible para obtener información de ambas vertientes, la individual y la social”. Y con cierta ironía termina así: “Sin los testigos, los historiadores apenas tendrían sustento para el ejercicio de su profesión”. Confieso que en esta tensión entre historia y memoria, como defensor de derechos, siempre estaré del lado del dolor de las víctimas y trabajaré también con rigor, para que las leyes se inunden de ese sufrimiento constructivo. Pero, al mismo tiempo, no creo que sea legítimo hacer bandera del victimismo o utilizar partidistamente a las víctimas.

Pero las víctimas seguían y siguen aquí, resistiendo en la memoria de su dignidad y en la de sus familiares muertos, asesinados, torturados o desaparecidos, y desde esa resistencia siguen triunfando sobre la mentira. Y sobre todo, nos reclaman el derecho a ser protagonistas de ese proceso de recuperación de la memoria y la convivencia democráticas que el nuevo Proyecto de Ley aborda con decisión y valentía. Es lamentable que el debate sobre las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de los partidos incluidos en el Gobierno se centre exclusivamente sobre la judialización de los crímenes contra la humanidad de la guerra y el franquismo, cuando sabemos que por una pura razón biológica serían muy pocos los procesos posibles, en el mejor de los casos; pero otra razón de índole sociológica y política, como es la afinidad de la mayoría de la cúpula judicial de nuestro país con una interpretación injustificadamente negacionista de la aplicación del derecho internacional humanitario impedirá lamentablemente el conocimiento de la verdad y ese necesario protagonismo de las víctimas. Es cierto que en España existen jueces y juezas brillantes y comprometidos con los derechos humanos de las víctimas de crímenes contra la humanidad, y gracias a ellos y ellas seguimos creyendo en la Justicia. Seguro que abrirán caminos con la nueva ley. Pero siguen siendo minoría y las víctimas no pueden esperar, y, como antes señalé, quizá esta ley sea la última oportunidad para todos de acabar con este clima de perversa confrontación. Por eso, como muchos, creo que en España es la hora de la Comisión de la Verdad.

Y no hablo de nada imposible, como a continuación demostraré. Es más, como ya señalé en mi artículo anterior (Memoria Democrática: ni victoria, ni desesperanza), las carencias del Proyecto de Ley en este objetivo creo que obedecen más a una perspectiva integral limitada, de acuerdo con los estándares internacionales, que a una actitud política contraria al mismo. Hoy, el contenido de las enmiendas de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos me reafirma en esta apreciación. Una de las enmiendas añade un nuevo apartado 2 al artículo 10 y propone la creación de una Oficina de Víctimas en el departamento competente de Memoria Democrática, con las siguientes funciones: prestarles apoyo técnico, recoger los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, y realizar labores de divulgación y sensibilización sobre padecimientos y luchas que protagonizaron las víctimas de la Guerra y de la Dictadura. Por su parte, otra de las enmiendas, la que establece el artículo 57 (Bis), crea el Centro de la Memoria Democrática, al que se asignan las funciones de salvaguardar la dignidad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el pasado y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos, así como el impulso universal a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; precisando que en la programación, realización y evaluación de sus actividades se garantizará la participación de las víctimas de la Guerra y la Dictadura. Finalmente, llamo la atención del lector sobre el artículo 48 del Proyecto de Ley, no modificado por las enmiendas, en el que se determina que la Administración General del Estado promoverá acciones de divulgación, reconocimiento y reparación simbólica, entre las que se incluirán el relato de las víctimas y especialmente de la memoria de las mujeres y acciones tendentes a restablecer la dignidad de las víctimas y a difundir lo sucedido mediante reconocimientos públicos y solicitudes de perdón.

Pues bien, si consideramos unitariamente estos tres elementos y las funciones asignadas a los mismos, y en vez de situarlos dispersos por el texto del Proyecto y en buena medida como un desiderátum sin fecha de ejecución, los convertimos en único organismo independiente y autónomo, dotado de presupuesto propio y con un mandato de caducidad, aparece claro y diáfano un modelo mixto de Comisión de la Verdad, con naturaleza de mecanismo extrajudicial, que asume de acuerdo con los estándares internacionales el desarrollo de tres funciones fundamentales: 1ª. Servir de instrumento para la verdad y la reconstrucción de la memoria democrática de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, en el que puedan ofrecerse garantías a los victimarios que ayuden a reconstruir la verdad histórica y acepten el reconocimiento voluntario de responsabilidades; 2ª. Posibilitar un ejercicio de introspección individual y colectiva para la sanación/restauración de las víctimas y de toda la sociedad española, mediante la creación de espacios públicos para escuchar la voz de las víctimas y restaurarles en su dignidad; y 3ª. Construir un verdadero camino para la convivencia democrática y el encuentro restaurativo de una sociedad fracturada por el dolor y el olvido, en toda su dimensión transgeneracional.

¿Por qué no llamar a las cosas por su nombre, cuando asumimos ética y políticamente lo que la sociedad y las víctimas nos reclaman? Busquemos a las personas más solventes y prestigiosas para realizar esta vital tarea en nombre de todos, como se ha hecho en tantos países. Este país necesita conocer la verdad, para poder frenar con éxito el crecimiento de ese tumor del franquismo que no pudimos extirpar en la transición y que luego dejamos crecer de forma amenazadora; porque solo esa verdad lo desnudará y nos dotará de inmunidad.

Necesitamos construir una sociedad que pueda sonreír al futuro, como nos recordaba el papa Francisco no hace mucho, desde la verdad y la dignidad de las víctimas olvidadas. Y necesitamos también que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y todo el dolor que quedó por el camino, para que desaparezcan el odio y la crispación y se impongan el respeto y la alteridad. Por cierto, excelente también la enmienda que establece la inclusión en los libros de texto y materiales curriculares de la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura. Como también lo son las que determinan el acceso público, gratuito y universal a todos los archivos públicos y privados, y la que incluye en el Banco Estatal de ADN a las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos. Hay bastantes más, también de otros grupos parlamentarios, que harán del Proyecto una buena ley, y que se convertirá en una ley histórica si se da el paso que falta para crear una Comisión de la Verdad.

____________________________

Juan Ramón Juániz es expresidente y fundador de Abogados Sin Fronteras de España y Juez del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador.

https://www.infolibre.es/opinion/pla...9_1213807.html
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El siguiente usuario le dio las gracias a jokin56 por este post:
elzocato (25-Nov-2021)
 



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