Lesmes prepara su salida del Poder Judicial y será sustituido por el presidente de Sala más antiguo
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Predeterminado Lesmes prepara su salida del Poder Judicial y será sustituido por el presidente de Sala más antiguo

Lesmes prepara su salida del Poder Judicial y será sustituido por el presidente de Sala más antiguo del Supremo

Elena Herrera
23 de septiembre de 2022 10:35h
Actualizado el 23/09/2022 12:13h


Carlos Lesmes prepara su salida de los dos órganos que preside en funciones desde diciembre de 2018: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. El órgano de gobierno de los jueces ha informado en un comunicado de que su todavía presidente dará cuenta la próxima semana a la Sala de Gobierno del Supremo y al pleno del CGPJ de un informe sobre su “eventual sustitución”. Hace dos semanas Lesmes anunció que dimitiría de persistir el bloqueo a la renovación del Poder Judicial, que requiere un acuerdo entre el PSOE y el PP.

El documento ha sido elaborado a petición de Lesmes por el gabinete técnico y establece que, en caso de renuncia, sus dos cargos los ocupará Francisco Marín Castán. Este magistrado es el presidente de Sala del Tribunal más antiguo —preside actualmente la Sala Civil— y ejerce interinamente la vicepresidencia del Supremo, que está vacante tras la jubilación en octubre de 2019 de su titular, Ángel Juanes. Lesmes encargó este informe sobre quién debería relevarle ante la circunstancia de que el CGPJ no puede elegir a un nuevo presidente al estar en funciones.

El pasado 7 de septiembre, durante el acto solemne de Apertura del Año Judicial, Lesmes amenazó con presentar su dimisión “en semanas” si no se renueva el CGPJ, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. Durante su discurso, reprendió a las fuerzas políticas por la situación de parálisis en la que se encuentra el CGPJ. Y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que se reunieran “con urgencia” para pactar la renovación “en las próximas semanas” y pusieran fin a una situación que calificó de “insostenible” e “inaceptable”.

Antes de su posible dimisión, la voluntad de Lesmes es dejar culminada o, al menos encarrilada, la renovación del Tribunal Constitucional, que debería haberse cerrado el 13 de septiembre. Sin embargo, sigue sin haber perspectivas claras de desbloqueo a corto plazo. Las dos reuniones entre los interlocutores de los sectores conservador y progresista del CGPJ se han saldado sin acuerdos que permitan aventurar un pronto nombramiento de los dos magistrados que debe designar el órgano de gobierno de los jueces.

De hecho, los conservadores niegan que haya “urgencia” en hacer estos nombramientos y siguen sin concretar cuáles son sus candidatos. Como el Ejecutivo tampoco nombrará a los otros dos suyos hasta que lo haga el CGPJ, la consecuencia es que el tribunal de garantías seguirá en funciones de forma indefinida y sin posibilidad de cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista.

La crisis abierta en el CGPJ por una situación de interinidad que se remonta a 2018 amenaza con adquirir una dimensión todavía mayor si se cumple el ultimátum de Lesmes, que forzaría desde dentro un proceso de renovación que está en vía muerta. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado.

Los conservadores —durante tres años con Pablo Casado y estos últimos meses con Alberto Nuñez Feijóo— han desplegado una batería de justificaciones cambiantes y crecientes para no renovar el órgano de gobierno de los jueces. Hasta marzo de 2021, el CGPJ siguió haciendo nombramientos clave en la cúpula judicial con la mayoría que salió de las elecciones que ganó Mariano Rajoy hace más de una década.

El órdago de Lesmes llega cuando vive sus horas más bajas al frente del órgano de gobierno de los jueces. El inicio del curso judicial ha sido complicado para él, que no ha logrado convencer a los vocales del sector conservador para realizar en plazo los nombramientos del Constitucional. Un escenario que evidencia que Lesmes ha perdido el “control” sobre el sector que lo aupó a la presidencia hace nueve años. En los últimos días ha trasladado a algunos vocales su voluntad de convocar otro pleno el próximo 3 octubre para hacer los nombramientos del tribunal de garantías. Pero la cita no servirá de nada si no hay al menos 12 vocales dispuestos a hacer esos nombramientos. Y, a día de hoy, siguen sin salir las cuentas. Además, el acuerdo entre ambos sectores es que esas designaciones se hagan por “amplia mayoría”.

El informe elaborado por el gabinete técnico establece, entre otras cuestiones, que “tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ”.

https://www.eldiario.es/politica/les...1_9562497.html
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La magistrada progresista María Luisa Balaguer concita el apoyo de los conservadores para presidir el TC

MADRID 23/09/2022 15:49 ACTUALIZADO: 23/09/2022 19:17
ANA MARÍA PASCUAL


La próxima renovación del Tribunal Constitucional, cuando por fin se realice, traerá una importante novedad al tribunal de garantías: la presidencia y la vicepresidencia se renovarán, quedando la primera en manos del sector progresista y la segunda, del conservador, en base al nuevo equilibrio de fuerzas, a favor de los progresistas; algo que no ocurría desde 2013.

Los movimientos de cara a la próxima votación para la presidencia del Constitucional están ya bastante definidos, a la espera de la llegada de los cuatro nuevos magistrados que salgan de la renovación (dos del CGPJ y otros dos del Gobierno). De los cuatro nuevos nombres, tres serán previsiblemente de tendencia progresista y de ellos dependerá el resultado final en la votación; en todo caso garantizarán la presidencia a un magistrado progresista.

La pugna por presidir el TC está esta vez entre dos magistrados progresistas y que entraron juntos en el tribunal de garantías. Se trata de María Luisa Balaguer y de Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, durante los gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Balaguer y Conde-Pumpido fueron propuestos como magistrados del TC por los socialistas en el Senado en 2017.

En los últimos días, los magistrados conservadores Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez le habrían manifestado su apoyo a Balaguer, según ha podido saber Público de fuentes relacionadas con el TC. Los conservadores siguen molestos con Conde-Pumpido por las críticas que vertió en su voto particular en la sentencia que declaró inconstitucional el estado de alarma durante la pandemia.

Conde-Pumpido formuló su protesta en un duro voto discrepante en el que indicó que la sentencia era "más propia de un lego o de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución". Días después pidió disculpas públicamente a sus compañeros por aquellas expresiones.

Pero los ánimos no volvieron a buen puerto. Ni Arnaldo ni Espejel participaron en dicha sentencia, pues aún no habían llegado al TC, pero el hecho de que Cándido Conde-Pumpido arremetiera de una manera visiblemente hostil contra un acuerdo del tribunal de garantías y los ecos por su papel durante siete años como fiscal general del Estado en un Ejecutivo socialista provocan que en el seno del sector conservador del Constitucional prefieran a otro candidato.

La postulación de María Luisa Balaguer, en cambio, sí goza del apoyo de los conservadores porque la perciben como menos vinculada políticamente. Falta por ver si recaba la mayoría de apoyos de los suyos, de los progresistas. Y esta cuestión está enfrentando al sector, según ha podido saber este diario. Las relaciones personales corren el riesgo de romperse, indican fuentes cercanas al TC.

María Luisa Balaguer, almeriense de 69 años, es catedrática de Derecho Constitucional, experta en Igualdad. El año pasado durante las III Jornadas de Igualdad y Justicia indicó que "sería positivo que en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial fuese obligatoria la composición paritaria, ya que actualmente las mujeres que forman parte de estos órganos son pocas y se diluye la política feminista".

También ella emitió un voto discrepante en la sentencia del TC que declaró inconstitucional el estado de alarma como herramienta para luchar contra la pandemia. Es, de hecho, una de las magistradas que más votos discrepantes suma. En la reciente y polémica sentencia que desestimó el recurso de una mujer a la que la Justicia obligó a acudir al hospital para dar a luz, Balaguer formuló un voto concurrente en el que rechaza que la pareja de la gestante ostente cualquier tipo de legitimación para interponer el recurso de amparo.

La sentencia del TC que sienta jurisprudencia a favor de obligar a las mujeres a parir en hospitales contra su voluntad contó con tres votos discrepantes de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán por considerar atentatorio contra los derechos fundamentales esta imposición.

En las últimas entrevistas que ha concedido Balaguer ha desvelado su predisposición a ser la nueva presidenta del TC. Si finalmente sucede, será la segunda mujer en presidir el tribunal de garantías, tras María Emilia Casas (2004-2011).

Cómo se llega a la presidencia del TC

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que "el Tribunal en pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su presidente y propone al rey su nombramiento". La Constitución indica, en su artículo 159 que "el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años". Nada más se indica sobre cómo debe producirse la elección del presidente o presidenta del TC, salvo que son sus miembros quienes lo eligen.

Lo habitual es que los máximos cargos los ocupen los magistrados que suman más antigüedad. En este sentido, Balaguer y Conde-Pumpido, por la parte progresista, y Ricardo Enríquez Sancho, por la conservadora, serán por orden natural los candidatos.

La presidencia del Constitucional es crucial, puesto que quien la ocupa tiene la potestad de desempatar en las votaciones y además tiene la capacidad en exclusiva de fijar la distribución de los asuntos, la fijación del orden del día y las convocatorias del pleno. Le sustituye en sus funciones la vicepresidencia, en caso de ausencia. La tradición en el TC indica que a una presidencia conservadora le acompaña una vicepresidencia progresista y viceversa, dado que los candidatos, normalmente dos, a la presidencia suelen ser uno del ala progresista y otro del ala conservadora.

https://www.publico.es/politica/magi...mobile-verybig
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